El juego, el futuro
Pero más allá de las solicitudes del Procurador General de la Nación y de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos de Medellín y el país, lo que está en juego es la capacidad de organización y movilización del movimiento de víctimas para hacerle frente a un proyecto que los paramilitares consolidaron en sus regiones de operación a través del sometimiento militar y de la intervención social.
Vilma Liliana Franco Restrepo, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), advierte que la debilidad de lo que hoy se denomina movimiento de víctimas se explica por varias razones: “No hay movimiento sino una dinámica de acciones colectivas muy incipiente en torno a los derechos de verdad y reparación que enfrenta enormes dificultades para convertirse en un movimiento social. Esa dinámica incipiente de movilización carece de dirección y preparación política, lo cual es una consecuencia, y a su vez una continuidad, de la despolitización de la discusión sobre la guerra que tuvo lugar en los últimos 15 años”.
La investigadora del IPC considera, además, que el miedo difundido por la violencia paramilitar en los últimos años ha cumplido una función importante en la disolución y prevención de lazos colectivos y ha transformado profundamente la subjetividad de los sobrevivientes. Aún prolonga el efecto del castigo y la represión, y lleva a que los sobrevivientes estén más atentos a la conservación de su vida que a la exigencia política de justicia, verdad y reparación. La guerra aún está en curso, de modo que es obvio el temor a las represalias por la movilización en torno a tales derechos.
Fernando Quijano, director ejecutivo de Corpades (Corporación para la Paz y el Desarrollo Social), considera que el movimiento de víctimas necesita fortalecerse a partir de convocar más a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad, “porque es un movimiento que tiene dolor, que necesita conocer la verdad”.
En la perspectiva del fortalecimiento, Gerardo Vega, coordinador regional de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (Cnrr), destaca el trabajo que ha hecho la dependencia a su cargo en Antioquia en cuanto a la movilización de víctimas. “En ocho meses hemos logrado 30.008 denuncias de víctimas afectadas por los paramilitares”, dice Vega y aclara que “son aspectos positivos desde el punto de vista de la gente, que está dispuesta a declarar, reclamar sus derechos e iniciar el incidente de reparación”.
“Como puede verse, empezamos bien: visibilizando a las víctimas y poniendo este problema en público, que no estaba ocho meses atrás. Creo que hemos ganado”, afirma el funcionario, pero también reconoce que este trabajo no es sólo de la Comisión. El movimiento de víctimas y las organizaciones de derechos humanos han perdido un espacio que ya se había ganado. No se trata de aislarse ni de dejar de hacer presencia. “No pueden decir 'nos arrinconaron y así nos quedamos'. Tienen que rescatar el liderazgo”.
Sin embargo, hay un círculo vicioso que destaca Pablo Angarita, director del Grupo de Investigaciones Conflicto y Territorios del Instituto de Estudios Regionales, de la Universidad de Antioquia: “Las víctimas no sienten respaldo sino de las organizaciones de la sociedad civil, cuya única arma es denunciar ante la opinión nacional e internacional, pero que no tienen el respaldo institucional porque el mismo Gobierno tiende a señalar de terroristas a quienes reclaman los derechos de las víctimas”.
Y así lo siente Fernando Quijano, de Corpades, quien acusa a la administración del alcalde Sergio Fajardo de complaciente con los reinsertados: “Es una actitud similar a la de Pilatos, se lava las manos para no enfrentar a los señores que están gobernando a Medellín, y es una forma de decir que el espacio público lo controla él frente a las víctimas, pero no lo controla frente a los que son parte de los victimarios, para que ellos sigan haciendo el trabajo de amedrantar las víctimas”.
(continúa en el sIguiente reportaje. Parte ll)