CAVIDA, MADERAS DEL DARIÉN Y EL REGRESO DE MARINO LÓPEZ

Cacarica/ Ríosucio / Chocó / Febrero 2007

Una anciana Madre de la Plaza de Mayo camina junto a un negro de 17 años por las selvas del Darién rodeados por Bongas de 50 metros de altura. Ella sigue viajando por el mundo difundiendo la desaparición de su hija durante la dictadura de la Junta Militar. Él, recorre el mismo camino que hizo hace 10 años, cuando se desplazó forzosamente a Panamá por la Operación Génesis de la Brigada XXVII del ejército colombiano.

El 24 de Febrero de 2007 “Iban llegando de todas partes, por arriba el ejército, por debajo los otros (paramilitares). Si encontramos aquí a alguien después de cuatro días le mochamos la cabeza nos decián” relata un anciano de la comunidad, y continúa “nosotros ya sabíamos que andando matando por otros lados”. Y no lo cumplieron, porque no esperaron. “Al tercer día, el 27, llegaron a Bijao y obligaron a Marino López a bajarles unos cocos. Después, le acusaron de guerrillero y le mocharon la cabeza con un machete, luego jugaron fútbol con su cabeza, todos lo vimos”, relata uno de los testigos. El resultado, más de 2.500 desplazados, y casi 100 entre muertos civiles y desaparecidos.

Algunos se desplazaron a Panamá. Durante una semana 300 personas atravesaron la selva, apenas sin alimentos y dando a luz a varios bebes que no pudieron soportar las duras condiciones. Más tarde, el gobierno panameño los deportó ilegalmente a Bahía Cupica en el Pacífico colombiano. Casi 4 años tardaron la mayoría de los desplazados en volver agrupados en la Comunidad de Autodeterminación Vida y Dignidad del Cacarica, CAVIDA. Desde que el general Rito Alejo del Río ordenó la operación han sido denunciados más de 300 crímenes de Lesa Humanidad contra miembros de CAVIDA.

Con motivo de la conmemoración de los 10 años del desplazamiento provocado por la Operación Génesis se celebró una peregrinación por el mismo lugar que recorrieron las familias desplazadas. Los actos finalizaron con el entierro de los restos de Marino, ahora sí en su tierra, cerca de los suyos.

Maderas del Darién, empresa extractora de madera sigue realizando la tala de árboles indiscriminada en las tierras de titulación colectiva de las comunidades afro-colombianas, indígenas y mestizas de la cuenca del río Cacarica. A continuación las acusaciones que el Tribunal Permanente de los Pueblos presentará en las audiencias finales contra esta empresa.

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A la empresa PIZANO S.A Y SU FILIAL MADERAS DEL DARIÉN, se le acusa del uso destructivo en forma mecanizada de los recursos maderables del Cacarica; haber generado un profundo daño en el territorio, los recursos forestales y en las condiciones de vida de las comunidades afrocolombianos que habitan las zonas de extracción; beneficiarse de la explotación extensiva de madera, afectando principalmente las
formaciones boscosas de los municipios de Riosucio y Carmen del Darién en el departamento del Chocó; la explotación indiscriminada de la especie catival (/Priora/ /copaifera/), que se cataloga como una especie en vía de extinción, y la generación de un agudo impacto sobre la vocación forestal de la selva húmeda tropical, así como del
desplazamiento forzoso de más de 2.500 afrocolombianos y mestizos y una tercera parte de los pueblos indígenas de la región luego de la Operación Génesis en la que fue evidente la connivencia con los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (hoy Bloque Elmer Cárdenas) en la que se perpetraron ametrallamientos contra la población, incendios a sus bienes y cosechas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos. Al Estado Colombiano se le atribuyó responsabilidad por su acción y omisión en los crímenes de lesa humanidad, genocidio y terrorismo, en todas las manifestaciones que se anotaron cometidos por miembros de la Brigada XVII del Ejército Nacional en colaboración con los grupos paramilitares que se encuentran en la zona así como por mantener en la impunidad cada uno de los delitos cometidos contra las víctimas y por no investigar, juzgar y sancionar en debida forma, a los miembros de la fuerza pública y a los paramilitares que actúan en connivencia.
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