UNA MISION DE VERIIFICACION INTERNACIONAL COMPRUEBA SOBRE EL TERRENO LAS VIOLACIONES A LA INTEGRIDAD Y DIGNIDAD DE LOS INDÍGENAS COLOMBIANOS.

Toribio, Jambaló, La María y Timbio / Cauca / Septiembre 2006

Durante 10 días observadores internacionales comprobaron la situación de los pueblos indígenas colombianos, uno de los colectivos más afectados por el conflicto armado interno y el narcotráfico. Surimages participó en esta misión para registrar graficamente la situación de los indígenas que habitan la parte norte del departamento del Cauca. El texto son las constancias expuestas en la declaración final de la Misión Internacional de Verificación sobre la Situación Humanitaria y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia.

(...) La Misión constató que los pueblos indígenas (hombres, mujeres, niños y niñas, y sus organizaciones) están siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos fundamentales y de crímenes de lesa humanidad, tales como: asesinatos políticos, detenciones masivas y arbitrarias, torturas y tratos crueles, desapariciones forzadas, allanamientos, señalamientos, judicializaciones y acusaciones infundadas, retenes permanentes y limitaciones a la movilidad. Igualmente se violan su derecho al debido proceso, el respeto a su autonomía, costumbres y territorios. Las medidas implementadas en el marco de la política del actual gobierno, tales como: la red de informantes, los soldados campesinos, los batallones de alta montaña, las brigadas móviles, los escuadrones antidisturbios, y los grupos de operaciones especiales, agravan la ya difícil situación que enfrentan los pueblos indígenas y sus territorios.

La Misión constató que los pueblos indígenas están sufriendo los efectos de las graves infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los actores armados en el contexto del conflicto armado interno (la Fuerza Pública, los grupos guerrilleros y paramilitares o desmovilizados). La Misión tuvo conocimiento y pudo observar en el terreno que la fuerza pública ha construido puestos policiales y militares, garitas, trincheras y puntos de avanzadas, en medio de los sitios de vivienda de los indígenas, en lugares ampliamente poblados y en territorios pertenecientes a los resguardos indígenas. Realizan retenes militares y controles en los que se despoja a los indígenas de alimentos, medicinas y otros implementos necesarios para su supervivencia. Los grupos armados ilegales practican el reclutamiento forzado de jóvenes indígenas. Todos los actores armados han asesinado a hombres y mujeres indígenas y ocupan zonas humanitarias y sitios de asamblea permanente, designados por las comunidades indígenas como lugares de protección frente a los efectos del conflicto. Ejecutan operaciones militares que no guardan los principios básicos de distinción y proporcionalidad, afectando gravemente a la población indígena.

La Misión constató que el actual proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y las normas creadas para ello, no garantizan la verdad, justicia y reparación de los crímenes cometidos por los paramilitares contra los pueblos indígenas, que continúan en una situación crítica. La Misión recibió testimonios que indican que en varios de los territorios indígenas los paramilitares no se han desmovilizado efectivamente y siguen cometiendo crímenes e intimidando a la población; en otros casos, se informó a la Misión
que los paramilitares desmovilizados han conformado nuevos grupos armados y desarrollan las mismas prácticas anteriores contra las comunidades; así mismo, se recibieron testimonios sobre el control social, las actividades de infiltración, información, y hostigamiento que los paramilitares desmovilizados realizan contra las comunidades, organizaciones y líderes indígenas.

La Misión constató que en los territorios indígenas se están implementando megaproyectos sin que se respete el procedimiento de consulta previa y los criterios para ello establecidos por los convenios internacionales de la OIT, de las Naciones Unidas y por los propios mecanismos internos de concertación establecidos entre el estado colombiano y las autoridades indígenas. Estos proyectos incluyen: infraestructura vial, fluvial y marítima, extracción de minerales e hidrocarburos, construcción de represas y grandes proyectos hidroeléctricos, control y explotación de la biodiversidad, y proyectos
agroindustriales como los monocultivos de palma aceitera y caucho. Estos megaproyectos, además de generar graves e irreparables impactos ambientales, rompen el equilibrio natural y espiritual que los pueblos indígenas han mantenido por años, desestructuran el territorio, perjudican la salud y afectan los ciclos productivos, alimenticios y la convivencia de las comunidades indígenas. (...)